En el Congreso Pedagógico de 1892, ante la afirmación de algunas congresistas acerca de la admisión de la mujer en todas las profesiones, Ana María Solo de Zaldivar afirmó que no creía que eso “pueda ser ni hoy ni mañana practicable en España”, al considerar que sus congéneres no eran aptas para muchas tareas, como podían ser las de un defensor público, por ejemplo. El momento es ilustrativo; la historia de los derechos civiles de la mujer en nuestro país es la de una batalla protagonizada por la persistencia, salpicada de incredulidad en más de una oportunidad.
Seguramente, a mediados del siglo XX también era difícil imaginar que una mujer pudiese abortar libremente o, en caso de estar casada, firmar un contrato de trabajo, sacar el carné de conducir y el pasaporte o abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido. De hecho, durante mucho tiempo la mujer casada en España fue una suerte de eterna menor de edad de cara a las leyes. El marido podía incluso pedir para él el derecho a cobrar el salario de su mujer, quien necesitaba la aprobación del esposo para enajenar, gravar o hipotecar sus bienes o aceptar herencias, al ser este su representante legal. La situación cambió en 1975, cuando se anuló la licencia marital y el hombre dejó de ser tutor y administrador. El derecho a la patria potestad se conquistó apenas en 1981.
Más vale tarde
Basta repasar un poco de historia para concluir que en España las mujeres han tenido que esperar mucho para ver sus derechos en la ley.
El proceso, lento pero ininterrumpido, de acceso de las mujeres a la universidad comenzó en Estados Unidos en la década de 1830. Veinte años después empezarían a verse las primeras universitarias europeas en París y Zúrich, mientras que en España, según relatan algunos historiadores, la influencia del modelo de mujer doméstica era tan fuerte, que hasta 1888 no fueron necesarias trabas administrativas para impedir su entrada en las universidades. Fue en 1910 cuando por Real Decreto se reconoce el derecho a la mujer española a participar en todos los niveles de la enseñanza.
El primer país en aprobar el voto femenino fue Nueva Zelanda, en 1893. Le seguirían Australia (1902), Finlandia (1906) y Noruega (1913). En España esta idea tuvo oposiciones de todo tipo, incluso la de la feminista Victoria Kent, quien consideraba que la mujer española de aquel entonces no contaba con suficiente preparación política y que, debido a la influencia de la iglesia, daría su voto a los conservadores perjudicando así a la República. “Hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer” -dijo Kent ante las cortes españolas. En contraste, la también diputada Clara Campoamor, al margen de los resultados en las urnas, defendía la igualdad de derechos sin importar el sexo. Finalmente el voto femenino fue aprobado en 1931.
En cuanto al divorcio, había pocos países europeos en 1931 en los que no se hubiese aprobado una ley al respecto. Cuando la ley del divorcio española fue por fin aprobada, en 1932, resultaba una de las más progresistas entre las existentes, pero ese derecho se perdería pronto (1939), para recuperarse a comienzos de la década de los 80.
El primer país en legalizar el aborto fue Rusia, lo hizo en 1920. En la década de los 30 los países escandinavos seguirían el ejemplo, Inglaterra lo haría en 1968. En España se despenalizó en 1985 para casos de riesgo de salud, violación o malformación del feto, siendo en 2010 cuando se concedió a la mujer el derecho a tomar una decisión libre sobre la interrupción de su embarazo. Sin embargo, la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo sigue teniendo limitaciones ante la ley. Puede escoger abortar, pero no gestar para otros. Pareciera que muchos continúan viendo a la mujer española como menor de edad, sin preparación para tomar decisiones por sí misma, tal como pensaba hace más de un siglo Victoria Kent.
La gestación subrogada fue regulada en el Reino Unido en 1985 y actualmente se está revisando la legislación para hacerla más respetuosa con el menor e incluir a personas solas o parejas homosexuales. Holanda hizo lo propio en 1987 e igualmente trabaja con una propuesta de reforma para hacerla más garantista. A nivel europeo se observan movimientos para legislar en torno a este tema y España no escapa a la tendencia, que se da en un escenario controvertido, como suele ser cuando cambios de paradigma se abren paso.
La duda no es entonces si la gestación subrogada se aprobará o no, sino cuándo. Por ahora el freno son los intereses políticos disfrazados de paternalismo. Como en el caso del acceso a la educación, del voto, el aborto y otros derechos, será cuestión de tiempo.
Sandra Barral